«Las comunidades que necesiten regular ya los alquileres turísticos para intentar reducir los conflictos que generan, disponen de unos días para celebrar una junta»

Chisco Santibáñez es abogado y administrador de fincas

Con el auge de las plataformas de Internet como Airbnb, se ha incrementado el número de conflictos que se producen en las comunidades de propietarios como consecuencia de los alquileres turísticos. Circunstancia que en muchas ocasiones ha perturbado la convivencia entre el vecindario.

Hasta hace unos días, la posibilidad de limitar en el seno de las comunidades estos alquileres era más difícil.

Pues al afectar a cuestiones fundamentales del régimen de propiedad exigían generalmente la unanimidad.

Es decir, era necesario que todos los propietarios con derecho de voto en la junta mostraran su conformidad con las modificaciones propuestas.

Y como resulta lógico, los propietarios de las viviendas turísticas nunca suelen votar a favor de este tipo de propuestas que van contra sus legítimos intereses.

Por lo que con solo que uno de ellos mostrara su desacuerdo en la junta con el cambio de la regulación comunitaria en esta materia, la iniciativa terminaba siendo rechazada.

Con todo ello, el pasado 6 de marzo entró en vigor un Real Decreto-ley, que si bien ha ocupado durante días multitud de portadas de medios de comunicación en España por razones políticas, así como por las polémicas medidas que introducía en materia de alquiler de vivienda habitual, contiene una innovación legal que a mi criterio, ha pasado desapercibida.

Así, la nueva redacción del artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal introducida por dicho decreto permite limitar y condicionar los alquileres turísticos en la junta con una mayoría de tres quintas partes de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas de las cuotas de participación, en lugar de exigirse la unanimidad.

De tal forma que, según el abogado Daniel Loscertales Fuertes, incluso se podría prohibir por la junta utilizar las viviendas como arrendamiento “turístico” mediante el acuerdo de las tres quintas partes mencionado.

Pero además, la Ley de Propiedad Horizontal permite gracias a este Decreto-ley, con la misma mayoría arriba indicada, el establecimiento de “cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20%”.

Con independencia de lo anterior, hay que tener en cuenta que esta interesante modificación legal, al haberse aprobado mediante Decreto-ley, tiene que convalidarse por el Congreso de los Diputados en los 30 siguientes días a su promulgación.

Si consideramos que las Cortes Generales han sido disueltas y que este texto lo debe convalidar o rechazar en dicho plazo una Diputación Permanente del Congreso de los Diputados en la que el actual gobierno no tiene una clara mayoría, hay muchas probabilidades de que la nueva redacción del artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal deje de estar en vigor y, por lo tanto, se vuelva a aplicar desde principios del próximo mes de abril la regulación anterior.

Y como tampoco hay certeza hoy de que el gobierno resultante de las elecciones generales del próximo 28 de abril vaya a regular en esta misma línea los alquileres turísticos, las propiedades horizontales que necesitan regularlos ya para intentar reducir los conflictos que generan, tienen unos días para celebrar una junta y proponer la aprobación de las limitaciones que estimen pertinentes conforme a la ley y otras normas sectoriales, así como para establecer cuotas especiales. Al menos hasta que, en el hipotético caso, el Congreso pueda rechazar este cambio legislativo.

Pues al estar vigente este Decreto-ley mientras no se produzca dicho rechazo, y aunque puede haber una mejor interpretación de los tribunales de todo ello, ahora basta con que las tres quintas partes de los propietarios y las cuotas de participación lo aprueben. Reduciendo inequívocamente el poder de veto que tienen los propietarios que desarrollan estas actividades en las comunidades si volviera a aplicarse el anterior sistema de aprobación por unanimidad.

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